Más medios y juzgados
José Vicente Martínez Fuertes, Presidente del Sector de Justicia del CSI-CSIF-Unión Provincial de Toledo.
Después de una huelga de dos meses y medio, que ha contado con el respaldo de los empleados de Justicia de Castilla La Mancha, nos enfrentamos a una realidad triste por la falta evidente de medios materiales y falta de Juzgados, que provoca un déficit importante en el derecho constitucional a impartir y recibir Justicia.
Tras el conflicto laboral promovido para dignificar las condiciones laborales de los empleados públicos, y la firma final, por parte de CSI-CSIF refrendado por los trabajadores del acuerdo, nos volvemos a encontrar con un Plan de Actuación de la Administración carente de coherencia, que no hace sino complicar más la situación por la ausencia de un estudio riguroso de la realidad de la Justicia en el conjunto del territorio español, que en la actualidad se enfrenta a más de 270.000 sentencias sin ejecutar, con los “inconvenientes” sociales que ello genera al conjunto de los españoles.
Debemos entender entonces que existe una irresponsabilidad manifiesta del Estado, que nos ha conducido a un escenario preocupante, que exige a gritos el incremento de la plantilla de trabajadores y la creación de más Juzgados para desatascar el atolladero en el que nos encontramos. La Administración General del Estado no puede permitir la situación que se vive en la mayoría de Juzgados, por la aglomeración de causas pendientes y el retraso vergonzoso de los procedimientos, que provoca una parálisis preocupante de la justicia española, acrecentada en aquellas comunidades sin transferencia en esta materia, como la de Castilla la Mancha.
Desde el sindicato CSI-CSIF creemos en los funcionarios de Justicia, porque son ellos los que padecen un entorno hostil, por la falta de medios informáticos y materiales, que dificulta enormemente su labor y les enfrenta a los propios ciudadanos, que no comprenden lo que ocurre con la Justicia y menos aún que no se arbitren soluciones institucionales. Castilla La Mancha padece el hambre del pobre, pues al no tener trasferidas las competencias se encuentra en franca desventaja a la hora de negociar sus necesidades, que son absorbidas por otras Comunidades con transferencias, beneficiadas del reparto de “cromos” en las reuniones sectoriales con el Ministerio, donde nuestra región no se encuentra representada y, por tanto, no es tenida en cuenta.
Se hace imprescindible para mejorar el funcionamiento de la Justicia la separación de jurisdicciones, para que cada Juzgado se especialice en una materia determinada, ya sea civil, penal, registro civil, mercantil, o violencia sobre la mujer; para que los temas legales cuenten con Jueces especialistas, técnicos expertos y funcionarios centrados en un trabajo coherente y metodológico. Solo de ese modo lograremos avanzar por el camino correcto, encauzado cuando la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha invierta en medios materiales e informáticos, para que la eficacia, la eficiencia y el servicio al ciudadano respondan a las exigencias del siglo XXI y a lo que se merecen los castellano-manchegos. Mientras no consigamos esa implicación del gobierno regional y su compromiso para exigir las transferencias seguiremos siendo una comunidad de tercera división en lo que a la Justicia se refiere.
Debemos entender entonces que existe una irresponsabilidad manifiesta del Estado, que nos ha conducido a un escenario preocupante, que exige a gritos el incremento de la plantilla de trabajadores y la creación de más Juzgados para desatascar el atolladero en el que nos encontramos. La Administración General del Estado no puede permitir la situación que se vive en la mayoría de Juzgados, por la aglomeración de causas pendientes y el retraso vergonzoso de los procedimientos, que provoca una parálisis preocupante de la justicia española, acrecentada en aquellas comunidades sin transferencia en esta materia, como la de Castilla la Mancha.
Desde el sindicato CSI-CSIF creemos en los funcionarios de Justicia, porque son ellos los que padecen un entorno hostil, por la falta de medios informáticos y materiales, que dificulta enormemente su labor y les enfrenta a los propios ciudadanos, que no comprenden lo que ocurre con la Justicia y menos aún que no se arbitren soluciones institucionales. Castilla La Mancha padece el hambre del pobre, pues al no tener trasferidas las competencias se encuentra en franca desventaja a la hora de negociar sus necesidades, que son absorbidas por otras Comunidades con transferencias, beneficiadas del reparto de “cromos” en las reuniones sectoriales con el Ministerio, donde nuestra región no se encuentra representada y, por tanto, no es tenida en cuenta.
Se hace imprescindible para mejorar el funcionamiento de la Justicia la separación de jurisdicciones, para que cada Juzgado se especialice en una materia determinada, ya sea civil, penal, registro civil, mercantil, o violencia sobre la mujer; para que los temas legales cuenten con Jueces especialistas, técnicos expertos y funcionarios centrados en un trabajo coherente y metodológico. Solo de ese modo lograremos avanzar por el camino correcto, encauzado cuando la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha invierta en medios materiales e informáticos, para que la eficacia, la eficiencia y el servicio al ciudadano respondan a las exigencias del siglo XXI y a lo que se merecen los castellano-manchegos. Mientras no consigamos esa implicación del gobierno regional y su compromiso para exigir las transferencias seguiremos siendo una comunidad de tercera división en lo que a la Justicia se refiere.
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