Facebook Twitter Google +1     Admin

INTERDICTO DE RETENER O RECOBRAR LA POSESIÓN. VERBAL POSESORIO 244/2007

20080219164923-posesorio.jpg

SENTENCIA Nº 26/2008

En Cuenca, a 18 de febrero de 2008.

Vistos por mí, María Sonsoles Jimeno Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n°2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal nº 244/07, promovidos a instancia de D. J. R. S. y L. C. P., D. E. C. A. y M. I. C. P., D. P. G. M. y Mª T. C. P., D. A. V. F. y C. C. P., y D. J. P. C., representados por la Procuradora de los Tribunales Doña Mª Josefa Herraiz Calvo y asistidos por el Letrado Sr. Calvo-Parra y Nebrá, contra D. T. M. R., representado por la Procuradora de los Tribunales Yolanda Segovia Rubio y asistido por el Letrado Sr. Esteban Beltrán.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Doña María Josefa Herraiz Calvo, en nombre y representación de D. J. R. S. y L. C. P., D. E. C. A. y M. I. C. P., D. P. G. M. y Mª T. C. P., D. A. V. F. y C. C. P., y D. J. P. C., se interpuso demanda contra D. T. M. P., ejercitando acción tendente a retener la posesión y, subsidiariamente, a recobrar la posesión de los demandantes sobre un camino de tierra que da acceso a las fincas de su propiedad habiendo sido privados de su derecho de acceso rodado por el demandado al haber procedido éste a vallar parcialmente dicho camino dejando una anchura de dos metros que impide el paso con vehículos. Todo ello con condena en costas.

SEGUNDO.- Admitida la demanda se dio traslado de la misma, con sus documentos y copias, al demandado, citándose a todas las partes a la celebración de la vista para que tuviera lugar el día 3 de octubre de 2007.

A la citada vista comparecieron ambas partes. En la misma, el demandante se ratificó en su demanda. Por su parte, la parte demandada alego la inadecuación de la acción por entender que se debería haber interpuesto en su caso interdicto de suspensión de obra nueva. Asimismo se alegó que los demandantes tenían acceso a sus fincas por otro lugar y que tenían su residencia fuera de Cañaveras, por lo que no se acreditaba ni la posesión ni la perturbación en su derecho, negándose haber efectuado ésta.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso la documental, el interrogatorio del demandado, la testifical y la pericial. La parte demandada propuso la documental y la pericial. Todas ellas fueron admitidas.

CUARTO.- La prueba propuesta y admitida se practicó con el resultado que es de ver en los autos.

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte actora una acción tendente a retener o recobrar la posesión sobre el camino que da acceso a sus fincas y que discurre entre éstas y la parcela del demandado. Manifiestan los actores que el demandado ha procedido a vallar parte del citado camino, dejando una anchura de sólo dos metros lo que les impide el acceso rodado a las fincas de su propiedad así como la circulación de vehículos para el uso agrícola, que, según la parte actora, desde tiempo inmemorial venían circulando por dicho camino.

La parte demandada se opone negando que exista posesión por parte de los actores ni perturbación al no haber procedido a cerrar el paso, habiendo respetado la anchura del camino al cerrar la finca de su propiedad. Asimismo se alega que las fincas de los demandantes tienen acceso por otros lugares y que no se explotan de forma agrícola; negándose que dicho camino se hubiera utilizado en ningún momento para la circulación de vehículos agrarios. Con carácter previo se alegó la inadecuación del procedimiento; cuestión que se examinará en primer lugar.

SEGUNDO.- Se alega por la parte demandada la falta de idoneidad de la acción ejercitada entendiendo que lo procedente hubiera sido interponer la acción de interdicto de obra nueva, manifestando que es contrario a la buena fe dejar acabar la obra y luego interponer interdicto de recobrar la posesión e instar la demolición de la obra.

La cuestión planteada ha sido abordada abundantemente por la jurisprudencia, que ha establecido los criterios que se han de tener en cuenta para determinar la procedencia del ejercicio de una u otra acción (tutela sumaria de la posesión o suspensión de obra nueva), entendiendo que la parte no tiene derecho a elegir libremente un cauce u otro para la defensa de sus intereses sino que debe acudir al procedimiento adecuado atendiendo a la naturaleza y a la finalidad específicamente perseguida por cada interdicto, es decir, el adecuado a la situación de hecho propia del mismo.

Así se recoge en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1 de febrero de 2007, que dispone: “En relación con los interdictos, ha venido siendo doctrina comúnmente admitida la que, partiendo de la naturaleza de orden de público de las normas de procedimiento, y la imposibilidad de elección por la parte, y por consiguiente la necesidad de ajustar a los hechos la clase de acción ejercitada, manifiesta que la enumeración del artículo 446 del Código Civil y del antiguo artículo 1631 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, no significa que todo poseedor tenga derecho a elegir libremente entre cualquiera de los interdictos, porque teniendo en cuenta la naturaleza excepcional de esta clase de acciones, únicamente se puede ejercitar la más adecuada a la perturbación sufrida (Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 11 de mayo de 1964 ), de modo que quien se crea perjudicado ha de usar de uno u otro interdicto según las circunstancias que concurran en los posibles derechos conculcados y las características y naturaleza de los actos o de las conductas que se estimen atentatorias (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de mayo de 1983), por lo que existiendo en la ley procesal una acción que impide la continuación de la obra que implica la perturbación o despojo del estado posesorio del interdictante, no sería lícito ni equitativo conceder también a éste la facultad de elegir la acción interdictal que prefiera ejercitar, a fin de conseguir con su ejercicio la demolición de la obra que no concede la acción apropiada a esta clase de perturbación (Sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 26 de septiembre de 1944 ). En concreto, en la elección entre el interdicto de recobrar la posesión, al que en la actualidad se refiere el artículo 250.1.4º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que remite al trámite del juicio verbal para las demandas que pretendan la tutela sumaria de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas; y el interdicto de obra nueva , al que se refiere el artículo 250.1.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que igualmente remite al trámite del juicio verbal para las demandas que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva, es doctrina comúnmente admitida que la acción adecuada es la del interdicto de obra nueva cuando la perturbación en la posesión se produce por una obra en ejecución. Por el contrario, la acción adecuada sería la del interdicto de recobrar cuando la obra ya está terminada, por cuanto en este caso ya no puede tener efectividad alguna ni la orden de suspensión al inicio del procedimiento, ni la ratificación de la suspensión ordenada en la sentencia (Sentencias de la Audiencia Territorial de Barcelona de 27 de enero de 1968 y de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de enero de 1972). En caso contrario, al actor le bastaría esperar a que terminara la obra para conseguir mediante un procedimiento sumario, como es el interdicto de recobrar la posesión, la demolición de aquélla, mientras que si interpone el interdicto de obra nueva para conseguir ese mismo resultado tendría que acudir posteriormente al declarativo ordinario correspondiente. Es decir que, mediante un procedimiento sumario (interdicto de recobrar la posesión ) conseguiría un resultado para el que la ley exige acudir a un procedimiento sumario (interdicto de obra nueva ) y un proceso plenario (declarativo ordinario), incurriéndose en un claro supuesto de fraude de ley procesal, proscrito por el artículo 6.4 del Código Civil, por cuanto no puede adoptarse una medida definitiva e irreversible como es la demolición para satisfacer una tutela provisional y reversible, constituyendo un absurdo jurídico la pretensión de demolición interina de una obra”.

Como señala la citada resolución, la doctrina se ha ocupado de matizar la anterior distinción en el sentido de estimar procedente el interdicto de recobrar la posesión por razón de: a) la entidad de la obra, cuando la obra en ejecución es de escasa importancia; o b) del plazo de ejecución, cuando se haya realizado la obra de forma tan rápida por el demandado que haya sorprendido al poseedor atacado, no dándole tiempo prácticamente de impedir la obra nueva, o en condiciones que hicieran muy difícil un conocimiento previo por su parte. Es decir que se ha entendido que debe acudirse al interdicto de obra nueva cuando se trata de una obra de cierta envergadura, pero se ha excluido si ésta es de escasa entidad y rápida ejecución, porque una reacción normal y diligente no se hubiera dado en el tiempo adecuado, al menos, antes de que la obra esté concluida.

En el presente caso, la obra ejecutada por el demandado ha consistido en la instalación de una valla metálica con un murete de hormigón el algún tramo; obra que el propio demandado en su interrogatorio manifestó haber realizado entre su suegro y él en un plazo de tres o cuatro días. Sentado lo anterior, esto es, la escasa entidad de la obra realizada y su rápida ejecución, unida al hecho de que, según manifiesta el propio demandado, los demandantes no residen en la localidad de Cañaveras, determina la procedencia de la acción ejercitada en la demanda, sin que se pueda apreciar la mala fe de los actores.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 250.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá acudir al anteriormente denominado interdicto de retener o recobrar la posesión el que estando en la posesión o en la tenencia de una cosa sea perturbado en ella por actos que manifiesten la intención de inquietarle o despojarle, o cuando haya sido despojado de dicha posesión o tenencia. Se trata de un procedimiento sumario destinado a proteger la posesión como hecho prescindiendo del derecho que los interesados puedan tener sobre la propiedad o posesión definitivas. Es decir, se presume que la posesión actual es legítima y se le ampara contra todo acto de violencia que la ataca, bien inquietándole o despojándole. El artículo 441 del Código Civil prohíbe adquirir violentamente la posesión mientras haya un poseedor que se oponga a ello, de modo que quien se crea con acción o derecho ha de recurrir a la autoridad para obtenerla. Basta el mero hecho de poseer para ser respaldado y protegido en la tenencia de la cosa, evitando ataques injustos. Desde luego esta protección en nada prejuzga el derecho a poseer, por ello la Sentencia no producirá efecto de cosa juzgada y es posible acudir al declarativo ordinario.

Se vienen acogiendo como elementos o requisitos indispensables para éxito de esta modalidad de acción, los siguientes:

1º.-Que el actor se halle en la posesión o tenencia de la cosa, con total independencia que sea o no propietario o titular de otro derecho real sobre la misma, lo que determina la legitimación activa para el ejercicio de la acción interdictal. Asimismo se requiere un hecho posesorio claro por parte del demandante que se desprenda de forma indubitada de las actuaciones y no sea debido a mera tolerancia o actos de buena vecindad, puesto que éstos no afectan a la posesión (art. 444 del Código Civil);

2º.- Que el demandante haya sido perturbado o despojado de la posesión o tenencia por otra persona y que precisamente tiene que ser el demandado, pues de ello deriva la legitimación pasiva.

3º.- Que la demanda se presente antes de haber transcurrido un año desde que se produce el acto de perturbación o despojo, por cuanto la posesión se pierde por la de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva hubiese durado más de un año (artículo 460.4 Código Civil) y por ello la acción para retener o recobrar la posesión prescribe por el transcurso de un año (artículo 1968.1 del Código Civil).

Habiendo de añadirse a lo anterior, que el despojo debe ir precedido y acompañado de un "animus spoliandi", entendiendo por tal la conciencia que el despojante tiene de que el acto que comete es fruto de un obrar arbitrario, sin título adecuado que lo autorice.

CUARTO.- La primera cuestión a dilucidar es si ha resultado acreditado en el presente pleito el hecho posesorio de la utilización del camino parcialmente vallado por el demandado, que es el objeto de la tutela que se pretende obtener con la acción ejercitada en la demanda. Y ello por cuanto resulta incuestionable que el hecho de la posesión, entendido como la situación fáctica actual de tenencia sobre al cosa en la que real y efectivamente ha de encontrarse quien demanda, se configura como requisito esencial para el éxito de la acción de tutela sumaria de la posesión; hecho o circunstancia cuya prueba corresponde al demandante conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba que establece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así pues, la parte demandante ha de acreditar inexcusablemente que se halla en la posesión física o tenencia material y actual de la cosa objeto del procedimiento, con independencia del derecho de propiedad o de posesión que ostente o pudiera ostentar sobre la misma.

De la prueba practicada en el juicio ha quedado acreditado que por el camino que separa las fincas de las partes antiguamente subían los tractores para ir a las eras así como el ganado. Asimismo resulta acreditado por las fotografías incorporadas a las actuaciones que las fincas de los actores tienen puertas de acceso a través de dicho camino. Ahora bien, lo que no ha quedado acreditado, y ninguna prueba se ha practicado tendente a dicho extremo, es la utilización actual, habitual y continuada por parte de los demandantes del citado camino para acceder a sus propiedades, ni a pie ni con ningún tipo de vehículo, bien turismo bien agrícola. Y dichos extremos no pueden presuponerse del hecho de que las referidas parcelas tengan puertas de acceso a través de dicho camino, puesto que ha resultado probado que aquéllas tienen accesos por otras vías. Así, la finca sita en la calle Vallejo nº 21 no sólo tiene acceso por dicha calle sino también a través de la calle Fuentecillas o camino de Las Eras. En el caso de la finca sita en la calle Vallejo nº 19 resulta obvio que la misma tiene acceso a través de la citada calle. Y sobre todo, no ha resultado acreditado que los demandantes se dediquen a ningún tipo de actividad agraria y que por ello utilicen habitualmente vehículos agrícolas, pese a que en la demanda se insiste en el derecho de paso por el referido camino con vehículos para el uso agrícola.

Por lo expuesto, procede la desestimación de la demanda sin perjuicio del derecho de la parte de acudir el juicio declarativo correspondiente.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y dada la desestimación de las pretensiones de la parte demandante, procede su condena en costas.

FALLO

Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales D. J. R. S. y L. C. P., D. E. C. A. y M. I. C. P., D. P. G. M. y Mª T. C. P., D. A. V. F. y C. C. P., y D. J. P. C., contra D. T. M. P., debo absolver y absuelvo a éste de los pedimentos de la actora.

Se condena en costas a la parte demandante.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo y firmo,

Comentarios > Ir a formulario


¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

gravatar.comantonia parra fernandez

Enhorabuena, Sra. Magistrada. Con sentencias como la que V.I. ha dictado, ai yo hubiera sido la demandante y con independencia de si m no me estima la demanda, hubiera quedado satisfecha. Los ciudadanos sólo le pedimos a un Juez que si tanto como nos estime la demanda o no, la funde en Derecho, la lógica y la razón y no como las dicten algunos de sus compañeros fruto de la arbietrariedad e irracionalidad .

Fecha: 12/03/2013 09:56.


Añadir un comentario



No será mostrado.





Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris